Columna de José Joaquín Jara, profesor e investigador, Departamento de Ingeniería de Minería UC

Después del proceso constitucional, el proyecto de royalty a la minería se ha tomado nuevamente la agenda del sector minero. Esta iniciativa busca aumentar la recaudación proveniente de la industria por sobre los niveles actuales, los que alcanzan valores de entre 35% y 42% de las utilidades de las empresas (Castillo y Valverde 2021; EY 2021).

La discusión del proyecto ha sido intensa y de largo aliento, llevando ya más de cuatro años en el Congreso Nacional (ingresó originalmente en septiembre de 2018). Durante este proceso se han visto modificaciones relevantes. Las últimas fueron incorporadas por el gobierno como indicaciones sustitutivas a fines de octubre, para reemplazar la propuesta anterior -también del gobierno- introducida en julio de este año.

La propuesta del Ejecutivo que conocimos en forma previa tenía principalmente dos áreas de mejora significativas, según señalaron especialistas en diversos foros: la primera, relacionada con la estructura del sistema que se estaba proponiendo; y la segunda, con respecto al objetivo de captura de rentas por parte del Estado (tasas efectivas).

Las nuevas indicaciones ingresadas por Hacienda abordan parte de los cuestionamientos al primer punto, pero todavía queda espacio de discusión con respecto al nivel de tributación efectiva total que debiera enfrentar la industria minera en Chile, en un contexto de competitividad internacional de nuestro país frente a otras jurisdicciones mineras.

Veamos primero los puntos positivos de la nueva propuesta. El proyecto reformulado simplifica y racionaliza significativamente la estructura original del gobierno, la que mantenía gran parte del proyecto aprobado a comienzos de este año en la Comisión de Minería y Energía del Senado. Dentro de los cambios principales de esta nueva iniciativa se tiene que:

Todos estos cambios siguen la lógica señalada por los especialistas de considerar la heterogeneidad de las operaciones mineras y no castigar en forma desmedida a los proyectos y operaciones más marginales, que corrían el riesgo de cerrar o no materializarse si es que se aprobaba la propuesta de julio.

Por otro lado, el aspecto más crítico de la actual propuesta tiene relación con la mantención del objetivo que se ha propuesto el Ministerio de Hacienda: que el Estado recaude adicionalmente alrededor de 0,6% del PIB del país. Esto equivaldría a aumentar la tasa efectiva de tributación de la industria a valores de entre 48 a 52% de sus utilidades (CRU 2022; Jara 2022; Sonami 2022), 8 a 12 puntos porcentuales sobre lo tributado actualmente.

Ese aumento está por sobre lo que hemos estimado con otros investigadores como el límite razonable de incremento en la tasa efectiva de tributación de la industria, de 4 a 5 puntos adicionales. Además, nos pone por encima varios puntos sobre las tasas efectivas de países competidores como Perú, Australia o Canadá. Y nos pone en una posición compleja frente a Zambia, que está analizando ajustar su royalty para ser más atractivo para el inversionista.

Lo concreto es que esta tasa efectiva, considerada alta, posiblemente tendría un efecto en la competitividad minera del país, restringiendo nuevas inversiones y disminuyendo la contribución que podría aportar la minería al país en el futuro.

En resumen, se ha avanzado bastante en la discusión sobre el royalty a la minería. La gran mayoría de los aspectos técnicos complejos de las propuestas anteriores se han abordado correctamente en la nueva propuesta del gobierno. Sin embargo, todavía quedan oportunidades de mejora en lo que debería ser el objetivo central del proyecto: aumentar la recaudación desde la industria minera en forma sustentable en el tiempo, lo que implica mantener la competitividad internacional del sector para atraer más y mejores inversiones que aumenten la base productiva del país y sigan aportando a la cadena de valor.

Fuente: La Tercera 09 nov 2022